La etapa de los arreglos

Con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la objeción preliminar planteada por Chile -a causa de la demanda boliviana que busca obligarnos a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico-, nuestra política exterior va cumplir más de una década dedicada a concentrar recursos para resolver disputas limítrofes. Además, al ojo de la opinión pública ésta pasa a ser evaluada casi exclusivamente según los resultados conseguidos en dichos arreglos judiciales. Es momento entonces de empezar a considerar, con algo de desfase, esta realidad como un ciclo de nuestra política exterior, claro y distinto a los de “regionalismo abierto” de los años noventa, o el de vocación de revisión de experiencias entre “países afines” que se lanzó en el primer período presidencial de Michelle Bachelet.

Desde el retorno a la democracia, el manejo de la política exterior se ha nutrido de principios arraigados desde antiguo, tales como el respeto del Derecho Internacional, la intangibilidad de los tratados y la solución pacífica de las controversias; la cooperación internacional como principal medio de respuesta ante problemas colectivos; el principio de no intervención; la importancia de la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos consagrados por el sistema de Naciones Unidas. A esa fórmula, los dirigentes de la naciente Concertación agregaron como objetivo un urgente proceso de internacionalización. Y la receta escogida para expandir nuestras redes en el sistema político internacional tuvo como base lo que se llamó como “regionalismo abierto”: la promoción de la economía chilena, exportadora de materias primas, más allá de Latinoamérica, apalancada por diversos acuerdos de comerciales. La incorporación y preparación de profesionales capacitados para conducir las complejas negociaciones sobre libre comercio en el mercado global se hizo fundamental, y dieron pie a una cuasi subsecretaría al interior de la Cancillería, la reconocida Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). Como resultado, el regionalismo abierto trajo la exitosa suscripción de múltiples y beneficiosos acuerdos comerciales, los que ya suman 24 y abarcan 63 economías, las que representan el 63,3% de la población mundial y el 85,3% del PIB global.

Al mismo tiempo, en la primera parte de la década del 2000 asomó un desafío mayor, a saber, el anhelo de lograr el ansiado salto hacia el selecto grupo de países del “primer mundo”, el club de las naciones con más altos ingresos per cápita. Uno de los que asumió el desafío de diseñar una política exterior que ayudase a dar dicho impulso fue Alejando Foxley. El economista convertido en canciller en el primer mandato de Michelle Bachelet le dio prioridad al análisis de “países afines” a Chile en cuanto a su tamaño, posición periférica y que -ahí el objetivo- podrían entregarnos lecciones sobre cómo construir una política exterior funcional al objetivo de convertirnos en la primera nación desarrollada de la región. La lista de casos analizados incluía a Nueva Zelandia, Corea del Sur, Finlandia, Irlanda, Noruega, España y Portugal.

En pleno trabajo de planificación de esta etapa estábamos cuando Perú anunció y concretó la conocida demanda sobre delimitación marítima. Y si los plazos proyectados son correctos, la Corte Internacional de Justicia emitiría la sentencia sobre la demanda boliviana el año 2020. Es decir, cumpliremos más de una década destinada solucionando controversias limítrofes mediante arreglos judiciales.

Si bien sería injusto señalar que en todos estos años las relaciones vecinales no fueron significativas dentro de nuestra agenda de política exterior, es claro que, por lo menos ha existido, por un lado, una brecha entre las promesas de mayor integración regional declarados por nuestras autoridades y, por otro, los recursos destinados resolver las diferencias latentes a este nivel. El reciente caso con Bolivia es tributario de esta situación.

La etapa de los arreglos judiciales requiere ser considerada como tal. De poco servirá enfrentar este nuevo juicio y los potenciales litigios latentes – la situación del Lauca y el Silala con Bolivia, o las diferencias con Perú sobre el denominado triángulo terrestre- si no se plantea como objetivo medular la resolución definitiva de estos focos de inestabilidad. Y aunque esta etapa ya comenzó hace poco más de un lustro, la oportunidad que ofrece la próxima discusión del proyecto de modernización de la Cancillería -que aún debe ser visado por La Moneda- puede ser el impulso ideal para recuperar el tranco y entregarle a la materia la relevancia institucional que corresponde. En ese proceso se hace imprescindible agregar a la lista de tareas el compromiso de profundizar los trabajos de integración fronteriza que avanzan, pero con lentitud. También asoma como fundamental la necesidad de reforzar el instrumento político-diplomático y entenderlo como un canal especializado de promoción de nuestros intereses en la región. Necesitamos formar políticos – pero sobre todo diplomáticos- interesados en seguir estos asuntos vecinales con detenimiento. La prueba de fuego podría ser si se instala el peor escenario y el día de mañana la Corte acoge la demanda boliviana, obligándonos a ingeniar una estrategia de negociación, independiente si el resultado deriva o no en cesión de soberanía. Necesitaremos cuadros preparados para sacar adelante dicha tarea.

Como política pública que es, una política exterior actualizada en su objetivo y segura en su implementación implica beneficios directos para Chile. Como ocurrió con el “Regionalismo Abierto”, atravesar con éxito la etapa de arreglos judiciales no sólo redundará en beneficios tangibles para nuestro país, como mayores volúmenes comerciales u oportunidades de negocios con nuestros vecinos, sino que, igualmente, permitirá alargar aquella sombra de certidumbre que reduce la probabilidad de aparición de este tipo de controversias que tantos dolores de cabeza nos han traído y nos seguirá dando en los próximos años.