No habrá castigo

Uno de los dibujos entregados a la Comisión por Kim Kwang-il, de los pocos prisioneros que ha logrado escapar con vida de un campo de concentración en Corea del Norte.

¿Qué motiva a un Estado ratificar voluntariamente un Tratado tan poco flexible como el que da vida a la Corte Penal Internacional (CPI), institución con amplia capacidad para juzgar crímenes cometidos por sus nacionales? El reciente informe ONU sobre Corea del Norte permite repasar rápidamente la “Teoría de los compromisos creíbles”.

Crímenes al estilo Nazi

La noticia corrió rápido. Una Comisión ad hoc, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicó el pasado 17 de febrero un informe respecto de la lamentable situación de desprotección de sus Derechos Humanos fundamentales que afecta los habitantes de la República Democrática de Corea. De acuerdo al reporte -que presenta antecedentes recopilados en más de un año de trabajo-, el régimen autoritario de encabezado por Kim Jong-un lleva a cabo “innombrables atrocidades” y  diversos crímenes contra la humanidad que, según el jefe del equipo de investigadores, el juez australiano Michael Kirby, tienen numerosas semejanzas con los crímenes perpetrados por los nazis.

Uno de los elementos llamativos del documento está en la sección final de recomendaciones. En ésta se urge a Pyongyang a ratificar sin demora el estatuto de Roma que da vida a la Corte Penal Internacional (CPI), junto a otros instrumentos internacionales que consagran la protección de Derechos Humanos fundamentales. Como es probable que ello no suceda, la comisión sugiere también transmitir la investigación al Consejo de Naciones Unidas, con el fin que este órgano pueda levantar una solicitud de investigación ante la mencionada Corte. Los criterios políticos e intereses de los miembros permanentes -que en este caso apunten principalmente a China- hacen que este camino sea igualmente difícil.

¿Quiénes cooperan con la Corte Penal Internacional (CPI)?

¿Por qué no esperar la comprensión norcoreana? Entre los muchos elementos que pueden analizarse, elijo el rol del derecho internacional como catalizador de la cooperación entre actores internacionales. El aumento del uso de mecanismos pacíficos de controversias es uno de los tópicos más activos en el estudio de los asuntos globales y, dentro de éste, la CPI concita amplio interés por la relativa alta tasa de ratificación que ha conseguido su instrumento fundamental, el estatuto de Roma (122 países), a pesar de los inflexibles compromisos y delegación de poder real que debe aceptar cualquier Estado parte: por ejemplo, los Estados no pueden hacer reservas al estatuto (“todo o nada”), como tampoco pueden decidir si van cooperar con las investigaciones bajo un criterio de caso a caso . Más aún, el Fiscal tiene la facultad de iniciar investigaciones de manera autónoma. 

Eso sí, aún hay 71 países -entre ellos Corea del Norte- que no forman parte de este régimen.¿Hay alguna tendencia?

Beth Simmons (Harvard) y Allison Danner (Stanford) publicaron el año 2010 una investigación cuantitativa basada en la “Teoría de los Compromisos Creíbles”. De acuerdo con sus resultados, dos grupos de países son los principales interesados en delegar soberanía a la CPI:

1) los países que, producto de una guerra civil, tienen dificultades para entrar en dinámicas cooperativas dado de su desprestigio, baja credibilidad y falta de compromiso por acciones a futuro. Piensen en Siria. Así, un gobierno sirio de transición tendería a incorporarse a este tipo de regímenes con alto costo de desafección ex post para así poder demostrar suficientes niveles de compromiso, tanto para audiencias internas como externas con la paz a futuro. En otras palabras, son los Estados cuyos nacionales son los que tienen la más alta probabilidad de ser perseguidos por la CPI.

2) los países con altos niveles de credibilidad internacional, cuyos nacionales difícilmente cometerán crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. No ven su soberanía vulnerada con la ratificación del estatuto de Roma pues es difícil que sus ciudadanos sean objetos de investigación.

Simmons y Danner hacen notar además que los Estados con un pasado reciente de violencia, pero con un aceptable nivel de accountability institucional no son grandes fanáticos de ratificar la jurisdicción de la CPI.

¿Qué queda para Corea del Norte?

En mi opinión, un régimen tan hermético como el liderado por Kim Jong-un, con una confiada y compacta élite (lo que fue ratificado el informe) que no debe rendir cuenta política de sus cometidos, y que desprecia y tortura a su audiencia interna, va continuar sin mostrar interés por tomar la jurisdicción de la Corte como recomienda el informe. En una guerra civil se asumen dos bandos en conflicto y aquí no se ven. Por otro lado, el régimen norcoreano tampoco muestra apuro en aumentar sus niveles de credibilidad si sus extremas fórmulas de dialogo con el sistema internacional (la permanente amenaza de uso de su arsenal nuclear) le aseguran atención.  

Además, como ya mencionamos, el vínculo estratégico que ha establecido con China no hace más que fortalecer su posición: Beijing es el principal benefactor del régimen de Kim Jong-un, con crecientes lazos comerciales, y un cercano interés en mantener a su vecino políticamente estable. Cualquier cambio brusco podría significar un masivo flujo de refugiados y una unificación con Seúl, aliado de los Estados Unidos.

Probablemente, acciones más directas tengan mayor eficacia para aflojar en algo la terrible la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Pero con China ya afirmando que el informe es una acción política basada en una “crítica sin razón”, las chances para asegurar el castigo internacional de los criminales son mas bien escasas. Lamentable.