La densidad democrática de la OEA en Venezuela

José Miguel Insulza sugirió la intermediación de “actores externos” en Venezuela.

¿Qué podemos esperar del llamado de la OEA a Venezuela para que considere recurrir a la asistencia de “actores externos” y, de este modo, alcanzar la esquiva paz social? El comunicado de prensa publicado el pasado sábado y suscrito por su Secretario General, José Miguel Insulza, es una buena oportunidad para evaluar las capacidades de los organismos internacionales en general, y de la OEA en particular, en la promoción de la democracia.

Con el tiempo, el impulso de los principios e instituciones democráticas se ha convertido en uno de los objetivos recurrentes al momento de diseñar los objetivos de un régimen internacional/regional basado en principios liberales. Lo más llamativo, eso sí, es que dicho encargo suscrito en papel ha ido tomando fuerza en las agendas de trabajo de funcionarios internacionales y países miembros, así como también en la crítica de la sociedad civil cuando dicho compromiso no es claro o coherente con los principios enunciados.

Para Jon C. Pevehouse, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Wisconsin-Madison, parte importante del éxito que pueden tener estas iniciativas de democratización desde afuera -especialmente las impulsadas por organismos regionales-  descansa en la “densidad democrática” de sus integrantes, es decir, en el porcentaje de miembros permanentes que podrían considerarse democracias. De este modo, organizaciones con una mejor “densidad” tienen mayores chances de estar asociadas a las causales exitosas de una transición. Las razones son variadas pero destacamos dos: primero, el capítulo democrático es más exigente para los postulantes; y segundo, las sanciones que pueden infligir a los miembros que suspenden estas condiciones son mayores.

Hoy podemos identificar varios caminos mediante las organizaciones regionales pueden promover y fortalecer la institucionalidad democrática tanto entre sus Estados miembros, como en otras regiones que consideren de interés. Entre las más comunes están la presión económica y diplomática; ofrecer proyectos de inversión u otros programas de intervención contra el compromiso de adherirse a una cierta hoja de ruta; o el ofrecer su prestigio y recursos para mediar entre las partes en conflicto. Otras acciones menos conocidas apuntan a  disminuir el temor a la apertura entre las elites domésticas vía socialización de las nuevas escalas de valores, o garantizándoles a las mismas la superviviencia (y algunos derechos) una vez lanzado el proceso de cambio. Tampoco se puede desconocer su potencial uso como plataforma de cambios pretendidos por el o los países con mayor influencia o poder de veto en la organización. El caso de la relación de la Unión Europea con Ucrania con durante estos últimos meses puede ser una interesante oportunidad donde evaluar todos estos elementos.

Volvamos a la OEA. Si bien su presente no está en sus niveles más alto de prestigio y eficacia, ello no quiere decir que no haya defendido con relativo éxito a la democracia en la región. De hecho,  es posible encontrar dos casos bastante recientes donde el máximo organismo del sistema interamericano condujo el proceso colectivo regional de denuncia. Uno de ellos, citado por Pevehouse, son las gestiones llevadas adelante el año 1993 en Guatemala, luego del “serranazo” o autogolpe conducido por el presidente  Jorge Serrano, a pocos meses de una acción similar concebida por Alberto Fujimori en Perú. No muchos días después del quiebre institucional, el ejército guatemalteco retiró su apoyo a Serrano tras reunirse con el Secretario General de la OEA de ese entonces, el brasileño Joáo Baena Soares, lo que terminó por sepultar las pretensiones autoritarias del ex presidente. Luego, en el año 2009 los países miembros decidieron suspender a Honduras tras el golpe de Estado que destituyó y mandó al exilio al presidente Manuel Zelaya. La ordenanza, que fue acompañada de sanciones económicas y el desprestigio del régimen de Porfirio Lobo, duró dos años y sólo se le aceptó su reincorporación una vez que Zelaya pudo regresar al país.

Entonces ¿qué separa a Insulza de un rol más preponderante en la actual crisis venezolana? Podrían señalarse varios elementos. Primero, la seria competencia de UNASUR como instancia donde los gobiernos sudamericanos resuelven sus diferencias más urgentes; segundo, la escasa legitimidad de la OEA tanto entre las elites oficialistas venezolanas, como en la oposición a Maduro –cabe recordar que hace no mucho Hernán Capriles llamó “inepto” al Secretario General, luego que éste evitase referirse a la solicitud de impugnación de las últimas elecciones presidenciales. Por último, la heterogeneidad de estilos que cobija el paraguas democrático en la región: Venezuela no es una democracia plena, pero hasta que las manifestaciones de los últimos días ingresaron a la ecuación el timbre de voz bolivariano se escuchaba fuerte y sin contrapesos en diversos  foros regionales, crédito que hoy le permite al menos mantener dividido y paralizado a los miembros respecto a los pasos a seguir. En suma, la densidad democrática de la OEA no es lo suficientemente sólida como para  empoderarla en su tímido -aunque necesario- llamado hacia la recuperación del dialogo cortado en Venezuela.